Emiratos aprueba nueva ley contra delitos financieros para blindar inversores
Los Emiratos Árabes Unidos han promulgado el Decreto Federal Nº 10 de 2025 (y medidas complementarias) para reforzar el combate contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación, con el objetivo declarado de proteger los fondos de ciudadanos e inversores y elevar los estándares de cumplimiento. The National informó que la normativa llega en un momento clave para afianzar la confianza en el sistema financiero del país.
La reforma amplía poderes regulatorios, endurece sanciones y exige mayores controles a bancos y entidades no financieras, lo que afectará tanto a instituciones locales como a firmas internacionales que operan en zonas financieras como DIFC y ADGM. “La nueva ley fortalecerá la seguridad económica y la transparencia”, señala un análisis legal sobre el texto.
La normativa consolida obligaciones de conozca a su cliente (KYC), reporte de operaciones sospechosas y coordinación entre autoridades federales y regulatorias locales; además reemplaza y actualiza marcos anteriores para alinearlos con estándares internacionales de organismos como el FATF.
La ley establece un marco más sofisticado y coordinado para la prevención de delitos financieros.
Organismos y firmas internacionales ya reaccionaron al cambio: la Unión Europea y agencias financieras han observado las reformas como parte de la mejora continua —tras la remoción del país de listas grises previamente— mientras que consultoras legales publicaron guías prácticas para la implementación por parte de bancos y proveedores de servicios. Esto podría facilitar nuevas inversiones y acuerdos de corresponsalía bancaria.
En los últimos años, el UAE ya había endurecido medidas: inspecciones AML del Ministry of Economy and Tourism en 2025 detectaron cientos de incumplimientos y multas, impulsando la necesidad de un marco legal más claro y sancionador.
Ministerio de Educación EAU
Con estas reformas, los Emiratos buscan consolidarse como un hub financiero más seguro y atractivo para el capital internacional, al tiempo que reduce riesgos reputacionales. La implementación efectiva dependerá ahora de la coordinación entre reguladores, la capacitación del sector privado y la adopción de tecnología de supervisión
